Hace ya casi 3 años, yo, una “persona de empresa pura y dura”, entré en contacto con una actividad apasionante que desde entonces no ha dejado de plantearme grandes desafíos: el perseguir, a través de una actividad económica y en condiciones de viabilidad, dar respuesta a un sinfín de problemáticas no resueltas en nuestra sociedad. En mi caso, desde la Fundación Novaterra, a través de nuestra misión: la lucha contra la pobreza a través del empleo.
Si bien es cierto que el reto de sacar adelante una cuenta de resultados es de por sí –y especialmente en los tiempos que corren- un desafío de calado, el perseguir como fin último, impactos sociales y/o medioambientales positivos por medio de una actividad económica (¡hacer empresa!), y en condiciones de viabilidad empresarial, aporta un inagotable plus de motivación.
Y no me refiere al cómo “hacer empresa” (más sostenible, más responsable), algo más propio del terreno de la Responsabilidad Social Corporativa, sino a “para qué” crearlas, con qué fines, en definitiva el campo del emprendimiento social.
En próximos números, de la mano de expertos, iremos haciendo un recorrido por algunos de los principales desafíos sociales y medioambientales a los que nos enfrentamos y cómo, a través de la iniciativa social se busca dar respuesta a ellos. Para sorpresa de muchos, veremos cómo determinados elementos, herramientas y modelos propios del mundo empresarial aportan un claro valor añadido a la consecución de estos desafíos.
Por último pondremos en evidencia el papel fundamental que empresas, administración pública y ciudadanía general juegan en la consecución de estos desafíos a través de su complicidad con el emprendimiento social.
Sirva como introducción un breve glosario que, lejos de tecnicismos (existen interesantes debates sobre el alcance de cada término), aporta algunos conceptos que irán apareciendo en próximos artículos y que, lo digo desde mi propia vivencia, suelen ser poco conocidos fuera del ámbito de la iniciativa social:
Emprendedor Social: los emprendedores sociales son individuos que aportan soluciones innovadoras a los problemas más acuciantes de nuestra sociedad poniendo en pie modelos que consiguen cambios a gran escala.
Economía social: es el conjunto de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con determinados principios tales como la primacía de las personas sobre el capital, y a través de una gestión transparente, democrática y participativa, persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos.
Empresa de inserción (EI): es toda sociedad mercantil o sociedad cooperativa legalmente constituida y debidamente calificada que realiza cualquier actividad económica de producción de bienes y servicios, pero cuyo objeto social –su fin último- es la integración sociolaboral de personas en situación de exclusión social. Las empresas de inserción nacen como un instrumento para la lucha contra la pobreza.
Trabajador Acompañante: Es un trabajador que, además de las funciones operativas propias de su puesto, destina parte de su jornada laboral a apoyar a otras personas de menor cualificación y en situaciones de riesgo de exclusión social a capacitarles en sus tareas, pero también a entrenarles en la adquisición de hábitos laborales y habilidades sociales que mejorarán su nivel de empleabilidad. Es una figura imprescindible en las Empresas de Inserción.
Itinerario de inserción socio-laboral: es un programa, una “hoja de ruta” -diseñada a la medida de cada persona y que incluye múltiples acciones- que persigue que las personas en situación de exclusión social logren adquirir las capacidades, las habilidades sociales y los hábitos laborales necesarios para acceder a un puesto de trabajo y mantenerse en él.
Centro Especial de Empleo (CEE): es toda empresa -debidamente calificada- que compatibiliza la viabilidad económica y su participación en el mercado con su compromiso hacia la integración laboral, estando conformada al menos el 70% del total de la plantilla por personas con discapacidad.
LISMI: es la ley de integración social de los minusválidos y que obliga a las empresas con plantillas de 50 o más trabajadores, a reservar el 2% de los puestos de trabajo para personas con discapacidad. Con carácter excepcional, cuando las empresas no pueden cumplir con la contratación directa, la ley contempla medidas alternativas para su cumplimiento como la compra de productos o la contratación de servicios suministrados por centros especiales de empleo.
Consumo Responsable: es el acto de consumo realizado con conciencia e información suficiente sobre las condiciones laborales, sociales y medioambientales en las que han sido elaborados los productos y servicios que adquirimos, tanto en nuestro hogar, como en las empresas y organizaciones en las que trabajamos.
Comercio Justo: es un sistema comercial alternativo al convencional, cuyo objetivo es mejorar el acceso al mercado a los productores más desfavorecidos (en comunidades del “Sur” del mundo) y cambiar las injustas reglas del comercio internacional que consolidan la pobreza y la desigualdad mundial. Se basa en condiciones laborales y salarios adecuados para los productores, no explotación laboral infantil, igualdad entre hombres y mujeres, y respeto al medioambiente.
Producción Ecológica: es un sistema basado en la utilización óptima de los recursos naturales respetando la diversidad genética del sistema y su entorno, en el que no se emplean productos químicos de síntesis, se protege la salud de los agricultores y la de los consumidores, y se proporcionan alimentos con todas sus propiedades naturales.
Compra Pública Sostenible: consiste en la integración de aspectos sociales, éticos y ambientales en los procesos y fases de la contratación pública aportando un valor añadido a la gestión presupuestaria que realizan las administraciones puesto que, a la vez que se satisface la necesidad de suministro, se contribuye a objetivos más amplios de sus políticas como el acceso al empleo a las colectivos más vulnerables.
Responsabilidad Social Corporativa (RSC): es la forma de conducir los negocios de las empresas que se caracteriza por tener en cuenta los impactos que todos los aspectos de sus actividades generan sobre sus clientes, plantilla, accionariado, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en general.
Christian Mecca, Gerente de fundación Novaterra. Artículo publicado en Economía 3 (abril 2012)
