La V Jornada de Formación para el Compromiso de la Fundación Novaterra reúne a expertos en torno a la nueva ley de la administración local
- “Nos lleva a un modelo casposo, arcaico y retrógrado”
- “Es una vuelta al siglo XIX”
- “Hace falta una Ley Estatal de Servicios Sociales”
Esta es la conclusión conjunta a la que han llegado todos los participantes en la V Jornada de Formación para el Compromiso organizada por la Fundación Novaterra, que tenía por objeto analizar la nueva Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local publicada el pasado 30 de diciembre de 2013.
Esta ley surge con el objetivo de “Clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades, racionalizar la estructura organizativa de la Administración local, bajo principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso, favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”.
Sin embargo, los expertos alertan que “para alcanzar estos objetivos esta ley recorta las competencias de los Ayuntamientos, transfiriéndolas a administraciones superiores, Diputaciones y Comunidades Autónomas, lo que supone un drástico cambio de modelo en el que el municipio, la entidad más cercana al ciudadano, pierde capacidad de dar respuesta inmediata y eficaz a sus necesidades”.
Expertos como Amparo Moreno, trabajadora social con experiencia laboral en la coordinación de Servicios Sociales municipales desde la Conselleria de Bienestar social y en la actualidad Directora de Acción Social en Cáritas Diocesana de Valencia y Gustavo Zaragoza, psicólogo en la Universidad de Valencia e investigador del Instituto de Economía Social IUDESCOOP. Ambos participaron en el proceso de puesta en marcha del Sistema Público de Servicios Sociales en la Comunidad Valenciana, impulsando la red de Servicios Sociales Municipales, y ambos coincidieron en la jornada en destacar que esta ley es un claro retroceso en el Estado de Bienestar. “Una vuelta al siglo XIX”, destacaba Zaragoza. “Una vuelta a la beneficencia, a recuperar la figura del “pobre de solemnidad”, destacaba Moreno.
Esta jornada, en la que participaron también Victoria Belis, Responsable del departamento de Servicios Sociales de Sagunto; Elvira García, Alcaldesa de Alaquàs; Mercé Llopis, Miembro de la Asociación Española de Directivas y Gerentes de Servicios Sociales; Xavier Cantera, Miembro de la Plataforma de la Dependencia, y Vicent Comes, profesor en Florida Universitaria y miembro del patronato de Novaterra, vino a resaltar la necesidad de hacer frente común frente a este atraso, y visibilizar para ser conscientes de lo mucho que se ha trabajado para tener el sistema de servicios sociales que tenemos en la actualidad “que no ha estado ahí siempre”, destacaban los ponentes.
Elvira García, Alcaldesa de Alaquàs, destacó el papel cercano que han de tener los Ayuntamientos, recordando una frase del filósofo Sócrates «La verdad está en el pueblo», con lo que resumió una idea central: “Las competencias han de estar cerca del pueblo, así que cuantas más competencias tengan las administraciones locales mejor”. “¿Para qué está un ayuntamiento? Para atender a la ciudadanía. Es dónde “el nosotros” se desarrolla. Si no es para eso quizá no haga falta la figura del alcalde y con un gerente sea suficiente”.
Esta frase estaba íntimamente ligada con otra idea que se desprende del texto, y que subyace a las, al parecer, verdaderas intenciones de esta ley: “favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”. “Evitar duplicidades está muy bien, pero al final esta ley viene a enmascarar el deseo de privatizar los servicios sociales, y pasarlo por el tamiz de la rentabilidad económica, lo cual es muy peligroso”, destacaban los participantes. “Pretenden basarse en la idea de que los ayuntamientos están endeudados, lo cual es falso. La mayoría de los ayuntamientos pequeños no lo están”, destacaba Mercé Llopis. “La cuestión es que la construcción ya no da dinero, y la privatización de este servicio es muy suculento. Empresas del sector de la limpieza, del cuidado, aseguradoras, etc. ya se frotan las manos”, recalcaba.
Llopis también destacó el papel de las organizaciones como la Fundación Novaterra “que estáis haciendo milagros sin apenas recursos para atender a la gente que os derivamos de servicios sociales porque no podemos darles nosotros ese servicio”. “La nueva ley de la administración local nos lleva a un modelo casposo, arcaico y retrógrado”, concluyó.
Otra de las ideas fundamentales que salió a relucir en la jornada fue la necesidad de una Ley estatal de Servicios Sociales. “Carecer de esta ley estatal es un error que provoca diferencias muy graves”, resaltaba Moreno.
Los participantes quisieron concluir con un parlamento común, con el objetivo de servir como ejemplo para un movimiento conjunto en contra de la citada ley que debería tener lugar los próximos meses:
“Esta Ley supone un retroceso en políticas sociales que puede llevar a la desaparición de algunos servicios importantes. Se lesiona gravemente el criterio de proximidad, de participación ciudadana en opiniones y decisiones que les afectan, los ayuntamientos quedan reducidos a meros gestores sin capacidad para observar las necesidades del municipio, y articular medidas adaptadas al medio. La posibilidad de que cada Comunidad Autónoma, cada Ayuntamiento adapte esta ley a sus propias normas (Estatutos de Autonomía y Leyes sectoriales) con diferentes criterios aumentará las diferencias entre los ciudadanos de uno y otro lugar. Las repercusiones en pérdida de servicios y puestos de trabajo ya se están dejando notar, puesto que algunas corporaciones locales ya han empezado a reducir servicios.
El impacto en la tasa de desempleo será importante. En el ámbito rural estas reducciones pueden llegar a hacer peligrar la existencia de núcleos pequeños de población que se mantienen gracias a verse atendidos en sus necesidades diarias y que no resistirán sin estos servicios. Preocupa que uno de los objetivos de la ley sea el potenciar la entrada de la iniciativa privada. Esta solo entrará en servicios que dejen beneficios, el resto sencillamente desaparecerán. Genera extrañeza y desconfianza la relevancia que da esta ley a las Diputaciones, cuya existencia ha ido cuestionada desde el establecimiento del Estado de las Autonomías, puesto que sus funciones pueden ser asumidas por éstas y por tratarse, además, de una administración que no es elegida directamente por los ciudadanos.
No se perciben aspectos positivos en esta reforma, tampoco se justifica su necesidad y el riesgo del retroceso en políticas sociales y la vuelta a prácticas ya en desuso como la asistencia social y la beneficencia provoca inquietud y alarma.
En momentos en los que la crisis está golpeando con fuerza y de manera focalizada a los sectores más débiles de la población, medidas como las que establece la ley no harán más que aumentar esta brecha entre ricos y pobres.
Lo mejor que se puede hacer con esta ley es derogarla”.
