Las principales entidades valencianas que gestionan los programas de empleo para colectivos vulnerables en la Comunitat Valenciana, Fundación Novaterra, Fundación Novafeina, la Comissió d’Ajuda al Refugiat del País Valencià (CEAR-PV), Iniciatives Solidaries y Rais Fundación, se han unido para aunar esfuerzos por una causa común: instar al gobierno valenciano a que promocione políticas activas de empleo inclusivas con estos colectivos. La experiencia de estas entidades ha demostrado que la falta de un empleo es un denominador común en la mayoría de los casos de las personas con las que trabajan, lo que supone para ellas “una rampa hacia la exclusión social y la marginación”. Una rampa que está cada vez más empinada. “Cada vez recibimos a más gente y tenemos menos recursos para atenderles”. “Las políticas activas de empleo enfocadas especialmente hacia los colectivos más vulnerables a través de los llamados itinerarios de inserción socio-laboral son una de las claves para frenar esta dinámica”, aseguran.
En este sentido, la principal preocupación de este grupo de entidades es que los programas para frenar la exclusión social centren su foco en la promoción del empleo y no sólo en la realización de programas asistenciales “que son fundamentalmente necesarios pero no suficientes”. “El Gobierno tiene parte de responsabilidad en garantizar a todos los ciudadanos el derecho al trabajo, tal y como recoge el artículo 35 de la Constitución Española, y en especial a los colectivos en situación o riesgo de exclusión social”, recalcan. Para ello Fundación estas cinco entidades han mantenido varias reuniones en las que han elaborado una “hoja de ruta” que presentar al Gobierno valenciano con el objetivo de trabajar conjuntamente para paliar los efectos tan severos que está teniendo la crisis en las personas más vulnerables de la sociedad valenciana.
El próximo paso será mantener una reunión con el Secretario Autonómico de Empleo, Fernando Díaz Requena, en la que plantear de manera conjunta sus preocupaciones y propuestas para los próximos años. Entre éstas que la administración valenciana saque adelante políticas activas de empleo para personas en situación de exclusión social, que llevan dos años sin convocarse. Que se tenga en cuenta a las entidades profesionales con experiencia en este sector como agencias de colocación no lucrativas especializadas para trabajar con estas personas, según la normativa aprobada recientemente. Que se tengan en cuenta los fondos europeos como oportunidad para incluir medidas y proyectos específicos hacia los colectivos más vulnerables, tal y como marca la Estrategia Europea 2020. Que se tomen en consideración a las organizaciones de inserción socio-laboral de la Comunitat en el diseño de las políticas activas de empleo en el futuro. Que se pongan al día con los impagos de las subvenciones a estas entidades que son “redes de contención” para tantas personas en situación de vulnerabilidad. Y que la administración pública incorpore cláusulas sociales en los contratos públicos de suministro de productos y prestación de servicios, potenciando así la inserción laboral de las personas más vulnerables.
La segunda comunidad en la que más ha aumentado la pobreza
Precisamente estos días se han conocido los datos del informe ‘Desarrollo humano y pobreza en España y sus comunidades autónomas’ elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la Fundación Bancaja, que sitúa a la Comunidad Valenciana como la segunda autonomía, por detrás de Canarias (21%), donde más ha subido el aumento de la pobreza hasta alcanzar el 18 por ciento, más del doble de la media nacional (8%). Una pobreza que está aumentando las desigualdades sociales de manera acuciante. Según los datos del INE (2011) un 26,8 por ciento de personas están en situación de pobreza o exclusión social en España, o lo que es lo mismo, una de cada cuatro personas.
